domingo, 17 de abril de 2011

Don Dinero manda


tras la guerra Civil, el Estado pensó que dejar la gestión de sectores clave en manos privadas era arriesgado. Aparte de consideraciones estratégicas, no debía ser fácil para el exiguo capital privado nacional montar una red eléctrica o de telefonía prácticamente de la nada. Así las cosas, el gobierno español apadrinó astilleros, refinerías, fábricas de automoción, eléctricas, etc ... conservando para sí sus activos, que fueron creciendo año a año. Según aumentó el tamaño de este conglomerado público, también lo hizo el volumen de empleados. No tengo cifras, pero no sería muy exagerado decir que en los años 80, más de un millón de españoles trabajaban en empresas del INI ( entre ellas, SEAT, HUNOSA, Iberia o ENDESA) o en otras empresas de titularidad pública ( Telefónica, CAMPSA, RENFE, Tabacalera).

Con la entrada en la Unión Europea se conjugaron nuevas normas de competencia y la necesidad de financiación del Estado para tomar la decisión de vender los activos de la mayor parte de estas compañías. Algunas operaciones fueron ventajosas para el Estado, pues las empresas eran deficitarias. En otras, en cambio, siempre tuvimos la sensación de que el Estado había malvendido. En unos casos y en otros, ganase el Estado o el comprador, hubo un punto común: la privatización conllevó cientos de miles de despidos.

Un caso paradigmático es Telefonica: la principal empresa de telecomunicaciones de España y una de las cinco más potentes del mundo basó su crecimiento en el pulmón financiero heredado de la privatización y una deficiente apertura a la competencia que le facilitó el cuasi monopolio del mercado español durante los últimos 20 años. Hoy, tras publicar beneficios récord, los planes de despido continúan. ¿Razones? una y simple: los actuales dueños de la empresa consideran que ganan más echando a esta gente que manteniéndola.